(República
Argentina, 28/06/2.017). La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), se reunirá dos veces esta semana para
tratar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo e ingresada como Expediente
Nº 0010-PE-2017, el 16/06/2.017, Sumario: LIBERTAD RELIGIOSA.
El
proyecto de “Ley de libertad religiosa” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso,
con las firmas del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Germán Garavano, y la recientemente renunciada Ministra de
Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, será tratado en las Comisiones
de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
Debemos
recordar que a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo al Artículo
Nº 64 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, le "Compete a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto dictaminar sobre los tratados, convenciones, conferencias,
congresos internacionales y demás asuntos que se refieran al mantenimiento de
las relaciones de la Nación con los Estados extranjeros y sobre todo otro
asunto o proyecto que se refiera al culto, ejercicio del Patronato en toda la
Nación, concordatos con la Silla Apostólica, libre ejercicio de las iglesias
establecidas en la República y admisión de nuevas órdenes religiosas", y
actualmente esta integrada por 42 legisladores/as ( Presidente: Cornelia
Schmidt Liermann – Distrito: Ciudad de Buenos Aires – Bloque: Unión PRO, Vicepresidente
1º: Guillermo Ramon Carmona –Distrito: Mendoza – Bloque: Frente para la
Victoria – PJ, Vicepresidencia 2º: Guillermo Snopek - Distrito: Jujuy – Bloque:
Justicialista, Secretario: Ricardo Luis Alfonsín – Distrito: Buenos Aires –
Bloque: UCR, Secretario: Rubén Dario Giustozzi – Distrito: Buenos Aires –
Bloque: Juntos por Argentina, Secretaria: Mirta Alicia Soraire – Distrito: Tucumán
- Bloque Frente para la Victoria – PJ- y
36 vocales, de diferentes Distritos y Bloques).
Las reuniones convocadas serán
públicas.
En
la reunión del día de la fecha (28/06/2.017 – Hora: 9:30 Hs. – Anexo “C” – 2º
Piso – Reunión Conjunta), de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y
Legislación Penal, fue invitado el señor Secretario de Culto, Dr. Santiago de
Estrada, siendo dos los temas a tratar: el Proyecto de Ley en revisión por el
cual se aprueba el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa adoptado en
la ciudad de Budapest (Hungría), el 23
de noviembre de 2001 y el Mensaje N° 0045/17, del PE, fechado el 9 de junio de
2017, con el proyecto de “Ley sobre Libertad Religiosa” (ingresado el
12/06/2.017, sumando 28 hojas foliadas).
Hoy
se iniciará el estudio del proyecto de “Ley
sobre Libertad Religiosa” con una presentación del Secretario de Culto, Dr.
Santiago de Estrada. El funcionario público coordinó la Mesa Consultiva de las
Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas (integrada por FAIE, FECEP,
ACIERA, bautistas y adventistas), DAIA, AMIA, la Conferencia Episcopal
Argentina y el Centro Islámico, de cuyos encuentros y coincidencias surgió este
proyecto de ley.
Para
el día Jueves 29/06/2.017 ( Hora: 10 Hs. – Sala 1 -227-), la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, invita a la Comisión de Legislación Penal a
participar de la reunión. Además fueron invitados el Dr. Raúl Scialabba,
Vicepresidente de la Asociación Bautista Argentina e Integrante de la Mesa
Consultiva de Asociaciones Evangélicas; el Dr. Juan Navarro Florida, Profesor
de Derecho Eclesiástico; el Dr. Octavio Lo Prete, Profesor de Derecho Eclesiástico
de la UCA; la Dra. Úrsula Basset, Representante de – CEA – Conferencia
Episcopal Argentina; el Sr. Aníbal Bakir, Presidente del Centro Islámico de la
República Argentina – CIRA -; S.E.R. Siluan Muci, Arzobispo Metropolitano y el
Sr. Simón Moguilevsky, Rabino de la Congregación Israelita de la República
Argentina.
Como
referencia, informes extraoficiales y algunos medios de periodísticos, divulgaron
que un correo interno de la Cámara anunciaba que la Comisión recibiría a siete
expositores ya invitados y añadía que cada bloque podía añadir un expositor, pero
que debía hacerlo “a más tardar el lunes 26 de junio”, es decir, el mismo día
enviado. Voceros/as de diputadas/os de distintos bloques informaron que
legisladores/as vocales de la Comisión no estaban al tanto del proyecto ni de
su avance. Recién al caer la noche la Comisión informó en la web la reunión del
jueves; la lista de invitados quedó cerrada en los siete propuestos
originalmente, todos integrantes de espacios religiosos que promueven la
iniciativa.
El
Diario Página 12, a través de una nota firmada por Soledad Vallejos (Avanza
raudo el proyecto de “ley de libertad religiosa” en Diputados | Onda verde al
Estado menos laico), expreso entre otros conceptos “ … La cita para la segunda
reunión, convocada para el jueves por la mañana, fue por lo menos poco usual.
No sólo fue anunciada con siete invitados ya pre acordados y el mismo día en
que se cerraba la lista de oradores a invitar, sino que ese anuncio no fue
habilitado en la web oficial hasta el fin del día. En distintos despachos,
voceras y voceros dijeron a este diario que al menos hasta hoy, martes, el tema
excluyente de diputadas y diputados seguirían siendo los acuerdos por las
listas de las elecciones de octubre, de modo que el proyecto de “libertad
religiosa” no estaba sobre la mesa.
Anoche,
la lista de expositores quedó cerrada con siete nombres, tres de ellos
vinculados al “Consejo Argentino para la Libertad Religiosa”, que impulsó
fuertemente el proyecto de ley. El primero en la lista es el cura Ariel Busso,
presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal
Argentina y, al menos hace algunos años, cercano a Elisa Carrió; en la semana
suele dar misa en la Iglesia de las Esclavas de la calle Montevideo. Le siguen
el abogado y vicepresidente de la Asociación Bautista Argentina, Raúl
Scialabba, que también es una de las autoridades de la Sociedad Bíblica
Argentina y el abogado especializado en derecho eclesiástico e integrante del
Consejo de redacción de la revista Criterio Juan Navarro Floria. También
hablará ante la Comisión el abogado especialista en derecho canónico y
colaborador en la redacción del proyecto Octavio Lo Prete, quien desde hace
años se muestra preocupado por la “cristianofobia”, entre lo que incluye las
pintadas a iglesias y muestras como la censurada a León Ferrari en el Centro
Cultural Recoleta, cuestiones contempladas en el proyecto de ley. Estarán,
además, el presidente del Centro Islámico de la República Argentina, Aníbal
Bakir; el arzobispo metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa
del Patriarcado de Antioquia en Argentina, Siluan Muci; y el rabino de la
Congregación Israelita de la República Argentina, Simón Moguilevsky …”.
El
Poder Ejecutivo, en su Mensaje Nº 45, expreso entre
otros conceptos, que se dirigía a la HCDN “ … con el objeto de someter a su
consideración el presente Proyecto de Ley de Libertad Religiosa, iniciativa que
busca consagrar una protección más completa de este derecho fundamental,
adecuando la legislación en la materia a los estándares internacionales y
respondiendo así a un reclamo histórico, permanente y justo de las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas no católicas.
El
Proyecto de Ley que se acompaña coincide, en sustancia, con diversos Proyectos
de carácter similar presentados en la REPÚBLICA ARGENTINA durante los últimos
VEINTICINCO (25) años, que sucesivamente fueron enriquecidos con los aportes de
los principales actores en el tema, fundamentalmente las entidades religiosas.
Para su elaboración se consideró, además, el derecho comparado y el Sistema
Internacional de Derechos Humanos.
La
libertad religiosa ha sido —desde la época de la Organización de nuestro Estado
Nacional— un elemento esencial en la configuración de la REPÚBLICA ARGENTINA
como una sociedad plural.
Fue
muy acertada la consagración de la "profesión libre del culto" en el
artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL porque permitió la llegada de miles de
inmigrantes que poblaron el territorio nacional e hicieron grande al país con
su cultura y trabajo.
Con
el correr de los años fueron organizándose de una forma muy vital distintas
iglesias y comunidades religiosas, al amparo de las libertades de asociación y
de culto. En general todas ellas, junto a la Iglesia Católica Apostólica
Romana, se han caracterizado por una convivencia armoniosa, extremo que permite
afirmar que la REPÚBLICA ARGENTINA es un ejemplo para el mundo en lo que hace
al diálogo ecuménico e interreligioso.
Ahora
bien, si la libertad religiosa es un derecho vigente en el país, lo cierto es
que el actual ordenamiento jurídico nacional conserva disposiciones que no
están en consonancia con los parámetros que ofrece el derecho internacional. La
referencia es a la Ley N° 21.745, que organiza el "Registro Nacional de
Cultos", en el cual deben inscribirse todas las "organizaciones religiosas
que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del ESTADO NACIONAL, que
no integren la Iglesia Católica Apostólica Romana" (sabido es que el
estatus jurídico de la Iglesia Católica surge de la Carta Magna de 1853 y del CÓDIGO
CIVIL que comenzó a regir en el año 1871, y que fuera sostenido en el "nuevo
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN en el año 2014).
En
efecto, la norma aludida —además de poseer una deficiente técnica legislativa—
nació a partir de la desconfianza y con un objetivo de fiscalización de las
confesiones, limitando claramente la libertad religiosa en su dimensión
colectiva. La Ley condiciona el disfrute de una de las libertades fundamentales
más relevantes ("particularmente valiosa" en palabras de la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, in re "Portillo", Fallos: 312:496) a la inscripción
en un registro.
Por
lo demás, se trata de un régimen distorsivo y antifuncional, en tanto al dejar
de lado la naturaleza propia de las Iglesias, Comunidades y Confesiones (a
quienes ni siquiera llama por su nombre), genera que actúen bajo un doble
estatuto: el religioso para su vida interna y el civil para sus relaciones con
el Estado y la sociedad. Sobre la cuestión, Germán José BIDART CAMPOS ha
expresado que "la añadidura de tener que constituirse bajo una forma asociativa
del derecho estatal, en vez de poder lograr -cuando es viable- la inscripción y
el reconocimiento estatales en virtud de su propia organización interna, es un
ritualismo que hasta tildaríamos de inconstitucional; y lo tildamos porque perfora
inútil y gratuitamente la libertad religiosa en su faz asociativa con una cuña estatal
deformante y estéril, que significa ni más ni menos que obligar a disfrazarse «civilmente»
para gozar de aquella libertad religiosa" (cf. Disidencias y deserciones religiosas.
Reflexiones sobre onticidad y semántica religiosas., ED 137-721).
La
modificación del régimen ha merecido una treintena de iniciativas desde el
retorno a la democracia, desde la Presidencia del Dr. Raúl Ricardo ALFONSÍN
hasta el gobierno de la Dra. Cristina Elisabet FERNÁNDEZ de KIRCHNER. Cabe
destacar entre ellos, el proyecto elaborado durante la gestión de Ángel Miguel
CENTENO al frente de la SECRETARÍA DE CULTO, que tuvo sanción unánime del HONORABLE
SENADO DE LA NACIÓN el 16 de junio de 1993 y que luego perdió estado
parlamentario, en tiempos en que se iniciaban los debates para la reforma
constitucional de 1994. Inclusive, hasta épocas muy recientes, integrantes del
PODER LEGISLATIVO de diferentes fuerzas políticas presentaron proyectos
modificatorios. A pesar de todo, por falta de voluntad política, ausencia de
consenso sobre el alcance de la reforma u otros factores, lo cierto es que la
Ley N° 21.745 continúa vigente, no obstante su general reprobación no sólo desde
el ámbito jurídico sino en especial de los sectores a quienes va dirigida.
Reemplazar
la Ley N° 21.745 por un sistema compatible con la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos es una deuda de la democracia.
Además, tal imperativo se transformó en impostergable a partir de la sanción
del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN en el año 2014, cuerpo que reconoce
personería jurídica privada a las "iglesias, confesiones, comunidades o
entidades religiosas" (artículo 148, inciso e). La norma implicó un primer
paso muy loable, que esta iniciativa busca hacer operativo y profundizar a
través de un sistema que parte de la base del reconocimiento de las mismas de
acuerdo a su naturaleza propia y facilita su actuación en la sociedad.
En
este sentido, no debe dejar de soslayarse que el derecho fundamental que el
presente Proyecto de Ley promueve exige justamente reconocer la índole propia
del factor religioso y que las personas y las comunidades puedan desarrollar su
misión de acuerdo a ella. De ahí que el Estado deba reconocer la naturaleza
específica de las entidades religiosas y respetarles su autonomía. Es claro que
una iglesia no puede recibir por parte del orden jurídico un tratamiento
similar al de una Organización No Gubernamental, o al de una fundación o una
asociación civil. También es evidente que un templo es un lugar de culto, con las
características especiales que tal condición conlleva. El régimen jurídico debe
prestar atención a estas cualidades propias, como lo ha hecho con las
cooperativas, los partidos políticos y las asociaciones sindicales, por citar
algunos ejemplos.
Por
otro lado, sin perjuicio del tema central que implica el estatuto jurídico de
las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, la iniciativa que se
propicia consagra de manera amplia aquellos derechos que se derivan de la
libertad religiosa y de conciencia no sólo en su faceta colectiva sino también
individual, como surge de diversa normativa vigente en el derecho comparado y
tal como señala la "Declaración sobre la eliminación de todas las formas
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las
convicciones" (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su Resolución N° 36/55 de fecha 25 de noviembre de 1981).
Así
las cosas, el 'Estado debe garantizar —con los límites debidos— que tanto las
personas como las confesiones puedan conducirse en la vida pública conforme a
lo que reclama la propia religión y la propia conciencia, no sólo ejerciendo
los derechos generales de las demás personas (humanas o jurídicas), sino todo
lo específico, desde lo más elemental como poder celebrar actos de culto hasta
observar los días de fiesta y penitencia, difundir con libertad las propias
verdades, ejercer la titularidad de templos, universidades, escuelas o medios
de comunicación, brindar asistencia religiosa en centros de salud o detención,
asegurar la inembargabilidad de los lugares de culto, así como el goce de
autonomía organizacional o bien el resguardo del sigilo de los ministros religiosos.
El
Proyecto de Ley que se impulsa, además, proclama de manera explícita el derecho
a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones, haciendo
honor también al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
Porque la libertad religiosa, además de su faceta positiva, entendida como la
facultad de organizar y conducir la vida siguiendo los dictados de la
conciencia personal, presenta su dimensión negativa: el derecho a no ser
forzado a actuar en contra de ella.
La
objeción precisamente se deriva de la libertad de conciencia (tal como surge de
los artículos 14 y 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL), que asegura a todo
habitante de la Nación la posibilidad de ser "dejado a solas por el
Estado" —no por la religión, la moral o la filosofía— para asegurar la
determinación autónoma de su conciencia cuando toma las decisiones requeridas
para la formulación de su plan de vida en todas las dimensiones fundamentales
de ella, plan que le compete personalísimamente y excluye la intromisión
externa y más aún si es coactiva (cf. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
"Bazterrica", Fallos 308:1392). El máximo tribunal consagró en forma
expresa la objeción de conciencia en el leading case "Portillo", precedentemente
aludido. Como derecho conexo la iniciativa prevé la "adecuación
razonable" en el ámbito laboral …”.
El
proyecto, que viene a responder una demanda histórica de todas
las confesiones religiosas, busca convertirse en una ley de consenso entre
todas las fuerzas políticas para reemplazar a la actual normativa, la Ley Nº
21.745, que fue sancionada en 1978 durante la dictadura cívico militar.
"Argentina
tiene una tradición de libertad de cultos y convivencia histórica entre ellos
que se viene incrementando cada vez más. Cuando era arzobispo de Buenos Aires,
Jorge Bergoglio contribuyó mucho en esta tarea. Y esta ley cristaliza esa tarea
en un proyecto que asegura la libertad de cultos, garantiza los derechos de
cada uno y sigue la línea que en el país ya se viene desarrollando desde hace
tiempo", destacó el secretario de Culto, Santiago de Estrada, en una
entrevista con Télam, en la que adelantó los principales aspectos de la
iniciativa.
Tras una ronda de consultas de
varios meses, la iniciativa oficial logró el apoyo de la Conferencia Episcopal
Argentina, la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones de Iglesias
Evangélicas de la Argentina, la DAIA y la AMIA, el Centro Islámico de la
Argentina, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(Mormones) y la Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía,
entre otros.
"Tenemos
muy buenas expectativas en cuanto a su tratamiento en el Congreso porque es un
proyecto consensuado con la mayoría de las organizaciones religiosas, sobre un
tema que no presenta ningún conflicto, que no es una ley con sentido político,
ni compromete presupuesto", remarcó por su parte el subsecretario de Culto,
Alfredo Abriani.
Diferentes
“grupos eclesiásticos” y “comunidades religiosas” (con el Comprobante del RNC), a pesar de estar de acuerdo con la
necesidad de una actualización en el campo del Derecho Eclesiástico y de los
Derechos Humanos, con normas que procuren la IGUALDAD – de trato civil – y LIBERTAD
de pensamiento, expresión, conciencia, religión y culto, en la lucha contra
toda discriminación y/o intolerancia religiosa, han manifestado su
disconformidad al no ser consultados, considerando que la Secretaria de Culto,
a través de la Dirección General del
Registro Nacional de Cultos (es el nexo entre el Estado y las confesiones
distintas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se encuentra entre sus funciones el
centralizar las gestiones que ante las Autoridades Públicas hicieren las organizaciones
religiosas inscriptas. Asimismo, es el área encargada de observar el
cumplimiento de la normativa vigente sobre trámites que realicen las iglesias,
confesiones, comunidades o entidades religiosas peticionantes de inscripción o
aquéllas reconocidas, ante los poderes públicos), tiene más de 5.300 registros de iglesias, confesiones, comunidades o
entidades religiosas ( relacionada a sedes a las cuales se les deben sumar
las miles de filiales ), de diferentes credos (como por ejemplo: las cristianas
– evangélicos, pentecostales, bautistas, protestantes, anglicana, presbiteriana
-, judíos, islámicos, Testigos de Jehová, budistas, animistas, etc.) y se ha
limitado y/o dado prioridad a supuestas “jerarquías eclesiásticas” o grupos de
estudios, que dicen representar a una “importante cantidad” de Organizaciones
Religiosas, en desmedro del total de “iglesias, confesiones, comunidades o
entidades religiosas” habilitadas legalmente para funcionar en la República
Argentina.
El
Mensaje Nº 45, expresa además que “ … El proyecto que se acompaña parte de la valoración
del hecho religioso en sí y del aporte que las confesiones realizan en pos del
bien común de la sociedad.
Para su elaboración, más allá de abrevarse en los antecedentes
habidos, se efectuaron consultas a las principales entidades religiosas presentes
en el país, habiéndose logrado un consenso general en el texto que se somete a
consideración.
En
suma, con esta iniciativa el ESTADO NACIONAL procura hacerse cargo de las
características propias del fenómeno religioso, que se resiste a ser encuadrado
en normas generales que no respondan a su especificidad. Su sanción honrará a
la Nación, porque significará un notable avance en la garantía del derecho de
libertad religiosa, es decir, de uno de los primeros derechos fundamentales …”.
Tampoco
se ha incorporado ni valorizado como antecedentes y fundamentos del proyecto
presentado, el Decreto Nacional Nº 1.086 / 2.005 (Apruébase el documento
titulado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación – La discriminación
en Argentina. Diagnóstico y Propuestas” y encomiéndase al INADI la coordinación
de la ejecución de las propuestas contenidas en el documento mencionado), diferentes
leyes provinciales (como las de San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Chaco,
Misiones, entre otras) y normativas municipales (especialmente en la provincia
de Santa Fe, en las localidades de: Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San
Lorenzo, Granadero Baigorria, Villa Ocampo, entre otras), que muestran el
compromiso, debate y consenso, de “Comunidades Religiosas”, legisladores y
sociedad, que se han adelantado democráticamente, con usos y costumbres y
normativa local, a la lucha por normas que procuren la IGUALDAD – de trato
civil – y LIBERTAD de pensamiento, expresión, conciencia, religión y culto, en
la lucha contra toda discriminación y/o intolerancia religiosa, esperando una
LEY NACIONAL que derogue la Ley Nº 21.745 / Año 1.978.
Si
bien no modifica el estatus de la “Iglesia Católica Apostólica Romana en el
país”, incorpora una serie de derechos reclamados por organizaciones religiosas
que, en algunos aspectos, las pondrán en
un pie de igualdad con la Iglesia Romana (pero de ninguna manera con el “sostenimiento
del culto”).
"Están
dadas todas las condiciones porque se hizo una consulta completa con todos los
cultos, tenemos sus avales por escrito, hemos tomado sus sugerencias y se ha
buscando un consenso muy grande. Además la ley no tiene un sentido político;
puede haber observaciones pero no problemas de fondo", aseveró De Estrada.
Abriani aporta, en tanto, que
esta norma "es una forma de ordenar y reglamentar la modificación del
Código Civil que contempla la personería religiosa que antes no existía en
nuestra legislación".
Uno
de los principales cambios que incorpora el proyecto es que la inscripción en
el Registro Nacional de Cultos -que pasará a llamarse Registro Nacional de
Entidades Religiosas- deja de ser obligatoria y pasa a ser optativa; de esta
manera, se pasa de un "sistema de control y vigilancia" de las
comunidades religiosas, a uno donde "se valora la libertad religiosa
prevista en la Constitución Nacional", según destacan en la secretaría de
Culto.
En
lo que hace al análisis en particular, cabe destacar que el proyecto consta de
35 artículos, distribuidos en cuatro (4) Capítulos.
En
el primero ("Principios Fundamentales") se formula el elenco de
derechos que surgen de la libertad religiosa, tanto para las personas como para
las comunidades (dimensiones individual y colectiva). También, como se ha
expresado, se introduce el derecho a la "objeción de conciencia" y el
deber de "adecuación razonable", que es una garantía para los
trabajadores de no verse forzados a laborar días incompatibles con sus
creencias o bien realizar prácticas que violenten las mismas. El Capítulo I
contiene una disposición general, aplicable a todas las personas humanas y a
todas las iglesias y confesiones.
El
Capítulo II denominado "Registro Nacional de Entidades Religiosas"
responde al reclamo central de las entidades religiosas no católicas: la
derogación del régimen actual de la Ley N° 21.745, que es defectuoso y limitativo
de la libertad religiosa. La inscripción en el nuevo registro que se crea implicará
el reconocimiento de la personalidad jurídica privada que establece el CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. La inscripción, voluntaria, conferirá a dichas
entidades ciertos derechos, como el reconocimiento de los ministros de culto y
la facilitación del ejercicio de su ministerio (por ejemplo al prever el libre acceso
a lugares de internación, detención o cuarteles, para brindar asistencia espiritual
regular a las personas que deseen recibirla), el trato para las instituciones como
entidades de bien público, el goce de exenciones o beneficios previstos en las leyes
tributarias o bien la inembargabilidad e inejecutabilidad de los lugares de
culto u objetos sagrados.
Por
su parte, se garantiza a las entidades religiosas inscriptas el goce de
autonomía para establecer libremente su gobierno, su régimen interno, sus
normas de organización, etcétera, conforme a lo que dispongan sus libros
sagrados, doctrina, estatutos, reglamentos y normas internas.
Queda
claro que aquellas que no se inscriban continuarán ejerciendo los derechos de
asociación y libertad religiosa conforme a la legislación vigente, al igual que
sus miembros, en un todo de acuerdo con la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
En
dicho Capítulo, además, se precisa el ámbito de aplicación de la Ley en este
punto, aclarándose que la Iglesia Católica Apostólica Romana no debe
inscribirse en el Registro en atención a que mantiene el reconocimiento de su
personalidad jurídica pública. Tal como se manifestó, sus relaciones con el
ESTADO NACIONAL se rigen por la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por los Acuerdos
firmados entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la SANTA SEDE, por las normas del
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y de las Leyes especiales aplicables, y
subsidiariamente por el Proyecto de Ley cuya sanción se propicia.
El
Capítulo III proyecta modificaciones al CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y
al CÓDIGO PENAL. Con relación al primero, se mejora la redacción de uno de los
artículos para dejar en claro que son inembargables los templos, los lugares de
culto y los objetos sagrados destinados al culto. En cuanto al CÓDIGO PENAL se
sugieren algunos cambios, que ya estaban contemplados en los proyectos de
reforma en la materia analizados en los últimos TREINTA (30) años. Se formulan
modificaciones en los delitos de hurto y de daños (siempre teniendo en miras
proteger el elemento religioso). Por último, se deroga un artículo que ya había
caído en desuetudo, porque sus disposiciones correpondían a la época de
vigencia del Patronato.
El
último Capítulo formula disposiciones transitorias, que fueron redactadas de
modo de evitar inconvenientes en la transición del régimen de la Ley N° 21.745
al sistema que se impulsa, acogimiento que —se reitera— es voluntario, ya que
aquella entidad que no desee incorporarse a los beneficios de esta legislación
continuará existiendo y actuando a través del régimen general.
"La
libertad religiosa, además de su faceta positiva, entendida como la facultad de
organizar y conducir la vida siguiendo los dictados de la conciencia personal,
presenta su dimensión negativa: el derecho a no ser forzado a actuar en contra
de ella", según explica el texto de la norma.
Este
derecho puede ser ejercido, por ejemplo, en el caso de "prestación del
servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario,
sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios,
juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso
religioso", se detalla.
Desde
la secretaría de Culto, remarcan además que el proyecto va en línea con los
valores que el Papa Francisco predica en su mensaje como el respeto por la
diversidad, la libertad religiosa y el diálogo, y destacan que Bergoglio
"ha sido uno de los impulsores que ha facilitado el diálogo interreligioso
en el país".
Además
de señalar que es una norma similar a la que vienen sancionando países vecinos
como Perú, Colombia y Chile, destacan también que la norma se adecua al sistema
internacional de derechos humanos, ya que la modificación de la Ley que rige
actualmente fue una de las recomendaciones realizadas por el relator especial
de la ONU sobre la libertad religiosa, Abdelfattah Amor, tras su visita al país
en el 2001.
A
pesar del supuesto consenso previo, la divulgación del proyecto y que es una presentación del Poder Ejecutivo
Nacional, que pretende modificar y/o derogar una LEY NACIONAL sancionada en
plena DICTADURA MILITAR y que afecta a miles de Organizaciones y millones de
ciudadanos/as argentinos/as, ya se han levantado críticas de ONGs, periodistas
y Organizaciones relacionadas con Derechos Humanos, quienes interpretan que
este proyecto ( de sancionarse en LEY NACIONAL ) atenta contra la laicidad de
la República Argentina y afecta a otros derechos fundamentales, según su
interpretación.
Las
primeras muestras observables, son por ejemplo, artículos periodísticos tendenciosos
y subjetivos, desmereciendo el fenómeno religioso ( o de espiritualidad ) y a las
“Comunidades Religiosas” y comunicados de Organizaciones.
Amnistía Internacional Argentina le envió una carta a
Macri para manifestar preocupación por el proyecto sobre Libertad Religiosa
Amnistía
Internacional manifiesta alarma y preocupación por el Proyecto 0010/PE/2017
sobre Libertad Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso
de la Nación el 12 de junio de 2017. Así lo señaló en una carta dirigida al
presidente de la Nación, Mauricio Macri. La comunicación fue remitida también
al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos
Peña; al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; a la Comisión de Legislación Penal y a la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, ambas de la Cámara de Diputados.
Según
el texto, el proyecto busca consagrar una protección más completa a la libertad
religiosa. Sin embargo este derecho ya se encuentra garantizado en nuestro
país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la
profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A
su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que
no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Sobre el artículo 7 del
proyecto
Preocupa
especialmente el artículo 7 del proyecto sobre Libertad Religiosa. Este
apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia,
de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que “toda
persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o
moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”
incluyendo a los funcionarios públicos.
Este
articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad
del instituto de la “objeción de conciencia”, pasando ésta a ser casi la regla.
En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea
“sincera” presumiendo la “buena fe” del objetor por la existencia de dicha
norma religiosa.
¿Cómo se traduce esto en la
práctica? Algunos ejemplo:
-Un
docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución”
por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de
niños, niñas y adolescentes a la educación.
-Pone
en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría
limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier
otra religión.
-Un
juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre
parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando
el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.
-Una
obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una
obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos
de jóvenes y adultos.
Desde
Amnistía Internacional promovemos y defendemos el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Este texto, sin embargo, lejos de
tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos,
busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las
religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público.
Amnistía
Internacional solicita a las autoridades revisar la norma en cuestión puesto
que echa por tierra todos estos derechos constitucionalmente protegidos,
comprometiendo, asimismo, la responsabilidad internacional del Estado
argentino. A su vez, pugna porque se genere un debate abierto, participativo y
trasparente sobre la temática en cuestión.
Fuentes:
Avanza raudo el proyecto de “ley de libertad religiosa”
en Diputados
Onda verde al Estado menos laico
La
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá dos veces esta semana para
tratar la iniciativa que propone un Estado pluriconfesional. A la primera
asistirá el secretario de Culto; la segunda fue convocada con expositores ya
acordados.
Un proyecto alejado del Estado laico
Amnistía Internacional
manifiesta alarma y preocupación por el Proyecto 0010/PE/2017 sobre Libertad
Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el
12 de junio de 2017. Así lo señaló en una carta dirigida al presidente de la
Nación, Mauricio Macri.
ARGENTINA
- El Gobierno ya envió al Congreso su proyecto de "ley de libertad
religiosa".
Honorable
Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina
Expediente
0010-PE-2017 - Sumario: LIBERTAD RELIGIOSA - Fecha: 12/06/2017
[ Año 2.016 ] - PROYECTO DE LEY
DE LIBERTAD RELIGIOSA – REPÚBLICA ARGENTINA ... Entrevista ... Programa:
ROSARIO DE TARDE ... CANAL 5 de Rosario ...
Entrevista COMPLETA en:
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