Monseñor
Victorio Bonamín, obispo castrense durante la dictadura militar
Diario PÁGINA 12
11 de abril de 2017 | El
país
OPINIÓN
El
obispado castrense, resabio del genocidio
Por Ariel Lede y Lucas
Bilbao
A
finales de marzo el gobierno argentino dio su acuerdo a la designación de un
nuevo obispo para las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales, cargo que
estaba vacante desde 2007. El nombramiento conjunto del presidente Macri y el
papa Francisco es un retroceso porque revitaliza una institución autoritaria
que afecta distintos aspectos de la democracia y la soberanía estatal. Las
recientes declaraciones del flamante obispo lo confirman.
El
acuerdo, ayer y hoy
El
obispado castrense (institución que sólo existe en 35 países) es una de las 63
circunscripciones eclesiásticas a nivel nacional y cuenta con un plantel de 170
capellanes que tienen a su cargo lo que eufemísticamente se denomina la
“atención espiritual” de los miembros del Ejército, Marina, Fuerza Aérea,
Gendarmería y Prefectura Naval. Está integrado al organigrama estatal, su
obispo tiene rango de subsecretario de Estado y los sacerdotes perciben un
sueldo de las cuentas públicas. Fue creado en 1957 mediante un acuerdo entre el
Vaticano y el gobierno dictatorial del general Pedro Eugenio Aramburu, como
pilar fundamental de la estrategia eclesiástica de recristianizar la sociedad a
través de su penetración en el Estado. La excusa: la población militar vivía en
“condiciones peculiares” que dificultaban la atención pastoral diocesana,
volviendo necesaria una diócesis particular que les diera un cuidado especial.
El diagnóstico: en un país atravesado por la resistencia peronista y la
expansión paulatina del marxismo, las Fuerzas Armadas eran el actor clave en la
disputa de poder, por lo cual la tarea ideológica comenzaba en los cuarteles.
El resultado: el obispado castrense fue partícipe necesario del surgimiento y
sostenimiento de la última dictadura, a través de una intervención corporativa
apoyada en criterios comunes, funciones reglamentadas, homogeneidad ideológica,
recursos económicos del Estado y un planificado despliegue de sus sacerdotes en
el territorio militar.
Según el artículo IV de dicho acuerdo, el
obispo que dirige la institución es designado por la Santa Sede “previo
acuerdo” con el presidente argentino. Así lo hicieron Pío XII con Aramburu,
Juan XXIII con Arturo Frondizi, Pablo VI con Estela Martínez de Perón y Juan
Pablo II sucesivamente con Reynaldo Bignone, Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La
presente coincidencia entre Bergoglio y Macri –en el año en que se cumple el
60º aniversario del obispado– puede entenderse en el marco de tres cuestiones:
Uno.
La decisión es coherente con la política del actual gobierno en materia de
Memoria, Verdad y Justicia. En poco menos de dos años se evidencia un fuerte
interés por disputar el sentido de lo ocurrido durante la última dictadura y
deslegitimar la lucha histórica de los organismos de derechos humanos (DD.HH.),
alcanzando un explícito negacionismo en algunos de sus funcionarios. Ese clima
de ideas acompaña una serie de medidas regresivas: freno a las políticas
reparatorias, eliminación de la subgerencia de Derechos Humanos del Banco
Central, que investigaba la complicidad financiera; reducción presupuestaria en
la Secretaría de DD.HH. de la Nación y de personal en su Programa Verdad y
Justicia; retraso en el curso de los juicios por delitos de lesa humanidad; gestiones
del Secretario Claudio Avruj ante la CIDH para interesarla por la situación de
los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad; entre otras.
Dos.
Vinculado a lo anterior, la lectura del pasado reciente que la alianza
Cambiemos y la jerarquía eclesiástica comparten, pone nuevamente en el centro
la idea de “reconciliación”, conteniendo y supeditando a ella los términos de
memoria, verdad y justicia. Varios prelados en los últimos años han bregado por
una “memoria completa”, término promovido por el actual pontífice cuando era
cardenal. Esta remozada “teoría de los dos demonios” se replica en las
recientes declaraciones del elegido para conducir la pastoral castrense, para
quien los “errores” (sic) de las Fuerzas Armadas no deben llevarnos hacia una
“justicia selectiva” y una “memoria parcializada”. Ponerse al frente de una
“campaña de reconciliación” le permite a la Iglesia correrse del lugar de parte
(en el genocidio) y ubicarse por encima del actual proceso de justicia: “los
derechos humanos hay que vivirlos para todos”, dice el nuevo obispo de los
militares, declarando su apoyo a la prisión domiciliaria de los genocidas
condenados.
Tres.
En 1992, cuando los efectos sociales de la política económica neoliberal
comenzaron a hacerse evidentes y provocaron críticas desde algunos sectores
eclesiásticos, el presidente Menem buscó profundizar las buenas relaciones con
el Vaticano como escudo ante los cuestionamientos locales. En esa jugada, uno
de los movimientos fue promover la actualización de la estructura normativa del
vicariato castrense, elevando su jerarquía a obispado y habilitando su
inserción en las fuerzas de seguridad federales. Las consecuencias del
neoliberalismo pudieron más que las alianzas, y hacia el final de los años
noventa una parte significativa del Episcopado se volcó hacia una denuncia
activa socavando la legitimidad del gobierno menemista. Con este antecedente,
es válido pensar que la decisión de Macri conlleva un objetivo similar en
momentos en que crece la oposición a sus políticas y se resiente su imagen
positiva. Por el momento los obispos mantienen una actitud discreta, pero la
denuncia de la pobreza siempre está a la orden del día, sobre todo ante la
evidencia de que seguirá aumentando.
Una institución desfasada
El
nombramiento es un retroceso en varios planos, al margen de quien ejerza el
cargo. Era esperable que el flamante obispo simpatice con la teoría de los dos
demonios. Pero no determinante, porque no importa Santiago Olivera. Lo
sustancial de la decisión del gobierno argentino es que revitaliza una
institución que debería ser eliminada, porque afecta distintos aspectos de la
democracia y la soberanía estatal.
Desde
el retorno democrático hasta los primeros años del nuevo siglo, el obispado
estuvo integrado –en los distintos estamentos– por sacerdotes que cumplieron
funciones durante la dictadura, y todos dejaron la institución por haber
cumplido la edad jubilatoria. Por su parte, la incorporación de nuevas
generaciones de clérigos no implicó un alejamiento del encuadre ideológico
sostenido en el pasado. Las instancias en que se organiza la formación de los
capellanes (el Encuentro Anual del Clero Castrense, las Jornadas de Formación
Permanente, el Curso Introductorio) reciben recurrentemente el aporte
intelectual de los sectores católicos menos afectos a los derechos humanos,
como son las universidades Santo Tomás de Aquino, Austral, Católica o Fasta.
En
consonancia con esto, el obispado está notoriamente desfasado respecto de las
transformaciones que desde finales del siglo XX vienen sucediendo en las
Fuerzas Armadas, entre las que se destacan el gobierno político de la Defensa,
la integración de los uniformados a la ciudadanía democrática y los nuevos
sentidos de la carrera militar. Asociada desde principios del siglo XX a
valores cristianos, la “carrera militar” fue alejándose de ese ideario y se
impregnó de sentidos profanos como la apelación al futuro, la búsqueda de
estatus profesional, la estabilidad laboral y la valoración del conocimiento
académico. En la actualidad la formación apunta a infundir un perfil de
servicio público sujeto a la Constitución Nacional y el Derecho Internacional
Humanitario, modelando un cuerpo de profesionales preparados para defender al
“Estado” y ya no a la “Patria” o la “Nación”. La presencia del obispado en las
Fuerzas va a contramano de estas tendencias. Mientras se erosiona el sustrato
religioso de la “misión” castrense, se sustenta una institución que trabaja
para recuperarlo. Mientras se busca la integración de los militares a la sociedad
civil, se ancla la atención religiosa en el lugar de trabajo. Mientras se
promueve la asignación de derechos ciudadanos al personal, se sostiene el
monopolio católico dentro de las fuerzas limitando la libertad religiosa.
El
obispado castrense pone de manifiesto los limitados alcances del laicismo en
nuestro país. Desde su conformación, el Estado argentino estuvo a mitad de
camino entre lo laico y lo confesional, sin exaltar una religión oficial pero
garantizando el predominio del catolicismo a través de legislaciones,
prácticas, discursos, imágenes. Y recursos: además del sostenimiento mensual de
los capellanes, la Iglesia cuenta con una partida presupuestaria anual,
subsidios para 2500 colegios católicos, contribuciones especiales para instituciones
y programas de caridad, asignación mensual a más de 100 obispos (Ley 21.950/79)
y a casi 500 sacerdotes en zonas de frontera (Ley 22.162/80), subvenciones a 28
seminarios (Ley 22.950/83), pasaportes a cardenales y obispos, subsidios para
refacciones de templos y exención de impuestos inmobiliarios. Los gobiernos
kirchneristas adoptaron una posición relativamente independiente respecto del
poder eclesiástico, en el marco de medidas coyunturales. El conflicto con el
obispo castrense Antonio Baseotto https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-48676-2005-03-19.html
en 2005 es un ejemplo de ello. Pero más allá
de ciertos funcionarios y legisladores, no hubo ni hay una voluntad política
mayoritaria interesada en elaborar propuestas para suprimir las prerrogativas
del Vaticano que afectan nuestra soberanía estatal.
Es
inadmisible la pervivencia, en el ámbito estatal, de una institución creada por
un gobierno de facto; que creció exponencialmente durante gobiernos militares;
que legitimó la violencia estatal contra la sociedad; que mantuvo en sus cargos
durante los años democráticos a capellanes de represores; que protegió a
aquellos acusados de participar en crímenes de lesa humanidad; que nunca
formuló una autocrítica; que sobre toda esa base forma a sus nuevos miembros;
que corroe los cambios progresivos que atraviesan a las fuerzas armadas; y que
traspasa los límites de nuestra soberanía. Si se le preguntara, no podría
responder a la elemental pregunta de cómo colabora con la profundización de la
democracia.
*
Sociólogo UNLP
**
Historiador Uncpba.
Autores
del libro Profeta del genocidio. El vicariato castrense y los diarios del
obispo Bonamín en la última dictadura (Sudamericana, 2016).
Notas
relacionadas:
EL
PRESIDENTE ECHO A BASEOTTO POR ROGAR QUE UN MINISTRO FUESE AHOGADO
Adiós
al obispo que pidió el submarino
Kirchner
invocó “la justicia, la verdad y la memoria” como valores que Baseotto violó al
reivindicar un método de tortura y muerte. Por eso decidió rescindir el acuerdo
de Duhalde que lo nombró obispo castrense. Las razones y los argumentos de la
decisión.
La
bolilla que faltaba
El
obispo que quiso ser general
Un
debate necesario que Baseotto logró instalar
--------------------------------------------------------
EL
VATICANO NOMBRÓ A SANTIAGO OLIVERA
Un
obispo para los militares
EL
PAPA FRANCISCO DESIGNÓ A SANTIAGO OLIVERA COMO VICARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
La
vuelta a escena del obispo castrense
El
cargo estaba vacante desde que en 2005 Kirchner desconoció al entonces obispo
Antonio Baseotto por sus dichos contra Ginés González García. Es un signo de
coincidencia del Gobierno y el Vaticano sobre las relaciones entre la Iglesia y
el Estado.
Nuevo
Obispo Castrense para la Argentina
El
nuevo obispo castrense está “de acuerdo” con la prisión domiciliaria para
represores mayores de 70 años
Designado
por el papa Francisco, Santiago Olivera, pidió que en el país haya una
"reconciliación mirando para adelante" y sin "justicia
selectiva".
Obispo
castrense propone beneficiar con prisión domiciliaria a represores
El
nuevo obispo castrense designado por el papa Francisco avaló la teoría de los
dos demonios al afirmar que hay una “justicia selectiva” y que el 24 de marzo
se había visto “una memoria un poco parcializada, un poco volcada hacia un
lado”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario